Régimen paralelo

Caricaturas

Actualidad Humor Sabatino Columnas

Cafeteando Déjenme decirles Desde U.S.A. Ecomentarios EL DOSSIER DE ATENEA La Bitácora Pildoritas Rueda la Bola Deportes
Económicas
Internacionales
Nacionales
Opiniones

Por Edmundo Orellana

El Poder del Estado, según la Constitución, se ejerce condicionado a que se traduzca en un servicio que asegure a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, porque la persona humana es el fin supremo del Estado y de la sociedad.

La seguridad es uno de los más importantes de estos servicios. Su finalidad es garantizar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, y se concreta en la protección física y jurídica de las personas y sus bienes.

Cuando el Poder se ejerce fuera de este contexto, las personas quedan a merced del crimen común y organizado. Como cuando la policía se concentra en perseguir a los adversarios políticos del régimen, a los sindicalistas y a los miembros de los gremios, porque cede espacio a los criminales; y la sociedad desprotegida se convierte en fácil presa de éstos.

Las calles son vigiladas con la única finalidad de proteger al gobierno de su propio pueblo, que demanda mejores condiciones económicas, sociales, políticas y culturales. La represión se ejerce contra quienes pagan los salarios de quienes los reprimen, en beneficio de quienes deciden en qué gastar los impuestos aportados por los reprimidos.

En este ambiente crecen y se multiplican todas las manifestaciones del crimen frente a una población abandonada a su suerte, espantada e inerme.

Esos espacios ocupados, en su avance, por el crimen, particularmente el organizado, ya no son recuperados por la autoridad. Allí donde se descuidó la policía o se coludió con el crimen, se impone el cobro de una tarifa por protección. Miles de comerciantes pagan el impuesto de guerra porque la autoridad no los protege. Algunos ciudadanos lo pagan para evitar que los secuestren a ellos o a sus parientes.

Un nuevo régimen, paralelo al estatal, se viene gestando y poblados enteros ya están sometidos al mismo. En algunos, la fusión de los dos regímenes se ha logrado porque la jefatura de ambos concurre en la autoridad suprema local.

Este régimen paralelo avanza sin oposición y amenaza convertirse en el régimen prevaleciente. Lo legitima el temor de la población, incluido el mismo Ministro de Seguridad, cuya impotencia lo llevó a recomendar, a los periodistas, evitar expresiones duras contra el crimen organizado. Por eso nadie duda en comportarse según las reglas que ese régimen impone.

Si la autoridad continua distrayéndose, persiguiendo a grupos selectivamente, como lo ha hecho desde el 28 de junio del 2009, porque son adversarios políticos o miembros de gremios, su avance se tornará imparable.

Por otro lado, habrá que preguntarse cuántos hondureños, ante la ausencia de trabajos o negocios en el mercado normal, se ven forzados a aceptar trabajo en la economía negra o del crimen o a realizar transacciones dentro de ésta. El tráfico de la droga, por ejemplo, requiere de logística que bien puede proveer la fuerza laboral cesante y las ganancias que genera pueden lavarse en la adquisición de inmuebles, empresas prestadoras de servicio o industriales, cuyos propietarios están en riesgo de perderlas por la depresión económica.

Finalmente, la prosperidad provista por los negocios legítimos abre caminos hacia otros rubros más rentables, como la política, que, a su vez, abre las puertas del Poder Público.

Nuestro futuro depende de las decisiones que adopte el gobierno. Postergarlas es peor que equivocarse, porque errando se llega a la solución.